«Se necesita mejorar las mediciones acerca de un fenómeno masivo»
Artículo escrito por Susana Hintze, coordinadora del OPPEPSS (UNGS), publicado el 21 de agosto de 2022 en el suplemento Cash, Página 12
La economía popular (EP) tiene una larga historia en América latina y su debate conceptual se remonta a más de treinta años. En Argentina, asume peso político desde la década pasada, cuando ante la insuficiencia estructural del mercado de trabajo y la falta de derechos laborales diversas organizaciones agrupadas primero en la CTEP y luego en la UTEP, toman la calle para hacer visibles sus demandas.
Este artículo no hará eje en los debates conceptuales ni en las diferentes caracterizaciones que de ellos derivan acerca de que es o debería ser la EP. Tampoco en la economía social y solidaria, que remite al trabajo asociativo y autogestionado, totalmente incluible en la reflexión acerca de la invisibilidad de las formas de trabajo que no son abarcadas por las estadísticas laborales clásicas.
El foco estará puesto en la creciente preocupación por la medición de la EP, tal como es entendida por organizaciones de representación e instituciones públicas: un heterogéneo conjunto de actividades laborales, caracterizado por la precariedad y la ausencia de derechos de sus integrantes, en su mayoría trabajadorxs individuales, en el cual la asociatividad está presente, pero no es un rasgo –por el momento- mayoritario.
Quiénes, cómo, dónde
¿Quiénes y cuántos constituyen la EP? ¿Cómo, dónde y por cuánto trabajan? Estas son algunas de las preguntas que su densidad social y política han puesto en agenda. Con fuentes estadísticas oficiales, en especial la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), fueron elaboradas cuatro metodologías de medición entre 2017 y 2019 y una más en 2021 con posterioridad a la pandemia, que se reflejó en los Apuntes de Economía Popular N°1, de PEPTIS/CITRA/UMET.
A su vez, desde el 2020 está disponible el Registro Nacional de Trabajadorxs de la EP, creado en el marco de Ley 27.345/2016. La página institucional del ReNaTEP los define como trabajadorxs que crean su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios, en unidades productivas individuales o colectivas, inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal. El objetivo del registro es reconocer, formalizar y garantizarle derechos para que accedan a herramientas que potencien su trabajo.
El último informe de abril pasado, según datos de julio 2020 a febrero 2022, registra 3,2 millones de personas, de las cuales el 58 por ciento son mujeres. En nueve provincias del noreste y noroeste, hay más inscripciones al registro que en el empleo asalariado privado.
Si la enorme inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia al comienzo de la pandemia expuso con crudeza la magnitud de los desheredados del sistema, los datos anteriores son expresivos de la necesidad de caracterizar y cuantificar la EP y su evolución, aspecto crucial de la cuestión social en Argentina, al cual el Estado debe dar respuesta.
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